Es común percibir que las personas consideran que, en general, las condiciones laborales en el fútbol colombiano, tienden a no ser las más adecuadas. Equipos en procesos de reorganización, incumplimientos en los pagos e indisciplina administrativa suelen ser el pan de cada día en la discusión deportiva nacional. No obstante, es preciso matizar y revisar qué tan cierta es esta concepción y cuáles son las realidades del asunto. Como resulta lógico, antes de iniciar debe aclararse que, si bien la normativa local e internacional establece las mismas disposiciones aplicables para el fútbol femenino y masculino, las dinámicas deportivas y económicas de las y los futbolistas son disímiles, lo cual deriva en resultados diferentes de cara al análisis.

Por un lado, contamos con un campeonato masculino consolidado desde hace muchas décadas, que, a pesar de cualquier consideración o crítica que pueda haber al respecto de su nivel tiene un grado importante de estabilidad y consistencia. Con altibajos, pero es un producto apetecido por millones de aficionados colombianos que lo consumen y disfrutan; un producto que mueve importantes sumas de dinero. Un fútbol que anualmente cuenta con dos torneos de categoría A (hoy Liga BetPlay) y B, una copa que las integra y una Superliga. Lo anterior implica que hay una continuidad básica a lo largo del año en la actividad deportiva, lo cual en principio facilita la estabilidad en la contratación de los jugadores.

De otra parte, nos encontramos con una emergente liga femenina, que este año cumple su primera década en el ruedo. Una liga que, de a poco, con un torneo de categoría A al año, viene dando sus primeros pasos de cara a la profesionalización de un fútbol que viene creciendo mucho en el país, tanto en lo estrictamente deportivo como en lo monetario. Transcurridos los primeros diez años de esta competición, se ha podido observar una notable mejoría con respecto a lo que había antes (a lo que no había más bien). Por ejemplo, para la temporada 2026, el torneo que se está disputando tendrá una duración de ocho meses, mejorando en lo que era la principal crítica, los campeonatos de tres o cuatro meses.

Las anteriores consideraciones son ingredientes esenciales a la hora de entender la mecánica actual en las condiciones laborales de las y los futbolistas colombianos. Según el último reporte consolidado de la Superintendencia de Sociedades para el año 2024 (todavía no se publica el de 2025), los clubes masculinos colombianos tuvieron ingresos superiores a un billón de pesos, entre ventas, patrocinios, taquillas, derechos de televisión y otros. Por su parte, los clubes femeninos tuvieron ingresos alrededor de los 13.000 millones (el 1.2% aproximadamente frente al masculino). De entrada, es un dato muy diciente para comprender la diferencia en las condiciones laborales de unos y otros. Ahora sí, revisemos.

Condiciones mínimas legales

Todo futbolista profesional en Colombia debería estar contratado a través de un contrato laboral escrito y a término fijo. Esto quiere decir que las y los futbolistas que participan en el fútbol profesional colombiano deberían ser trabajadores y contar con las diferentes prerrogativas que ofrece la ley laboral nacional. Es importante mencionar que la duración de estos contratos a término fijo se encuentra supeditada a la duración de la temporada, es decir, el plazo que abarca desde la inscripción del o la futbolista hasta el final de la temporada en curso. Aquí yace la importancia de contar con torneos estables y más largos, lo cual sucede en la competición masculina y en lo que se viene buscando mejorar en la femenina.

Dentro de las prerrogativas inherentes a una relación laboral en el ordenamiento jurídico colombiano cabe destacar las siguientes: (i) derecho a una remuneración de al menos un salario mínimo; (ii) derecho a percibir las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, etc.); (iii) derecho a ser indemnizados por despidos sin justa causa; (iv) derecho a dar por terminado el contrato con justa causa por falta de pago; (v) derecho a la sindicalización, y (vi) los empleadores tienen la obligación de pagar los respectivos aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales, etc.), entre otros múltiples asuntos. Teóricamente hablando, las y los futbolistas cuentan con un sistema robusto de protecciones y garantías laborales al estar vinculados por un contrato de trabajo.

Hay que considerar que las relaciones laborales en Colombia se rigen por la ley colombiana, es decir, cualquier contrato de trabajo de un futbolista debe ceñirse a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, cabe aclarar que al vincularse a los clubes profesionales, los jugadores aceptan los reglamentos y estatutos internacionales de la FIFA o Conmebol y de la respectiva federación a la que pertenezcan a nivel local. Si bien ambas regulaciones guardan una similitud casi exacta, las regulaciones internacionales no pueden ir en contravía de las normas nacionales; antes de ser futbolistas, son trabajadores como cualquier otro ciudadano. Por ejemplo, después de la última reforma laboral en Colombia, los contratos a término fijo pueden ser máximo de cuatro años, a pesar de que en otras jurisdicciones como la europea sea común encontrar contratos de una duración más prolongada.

La realidad

Si bien en el papel las condiciones deberían estar garantizadas al 100%, en varias oportunidades el sindicato de futbolistas profesionales (Acolfutpro) ha manifestado que no todas las jugadoras están vinculadas por un contrato de trabajo y que algunos clubes se escudan en pólizas para mitigar el riesgo de eventualmente ser obligados por un juez laboral a efectuar los diversos pagos. De igual forma, el sindicato ha puesto de presente la zona gris que se presenta con los futbolistas masculinos sub-20 que no cuentan con una formalización laboral, lo cual los aparta del sistema de seguridad social. Y no sobra recordar que la duración de los contratos en el fútbol femenino incide en la inestabilidad laboral de las jugadoras.

Además, observando la evidencia empírica, más allá de firmar el contrato de trabajo, el tema reside en el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de algunos empleadores. No es extraño leer alguna noticia o reportaje sobre equipos que cesan o postergan el pago de salarios y obligaciones económicas, por lo general como consecuencia de mala planeación financiera y problemas de liquidez. En tiempo reciente, casos como el del Deportivo Pereira y Deportivo Cali reflejan esta realidad. Si la administración de los equipos no es responsable frente a su realidad económica, por más que se firmen contratos de trabajo, los derechos de las y los futbolistas no se materializarán.

A pesar de lo anterior, no se debe desconocer la existencia de muchos clubes serios, que honran sus obligaciones con puntualidad y hacen un manejo prudente y razonable de sus finanzas. En general, los futbolistas que hacen parte de clubes masculinos medianamente organizados son bien remunerados y cuentan con condiciones laborales adecuadas. En este punto salta a la vista la realidad económica del fútbol femenino, ya que las futbolistas contratadas por estos mismos clubes organizados perciben remuneraciones mucho menores a las de los hombres. Ello obedece a la capacidad de generación de flujos de caja de unos y otros, y cambiará en la medida en que el fútbol femenino continúe desarrollándose para generar ingresos por taquilla, patrocinios y derechos de televisión; se trata de un proceso paulatino, en el cual la liga masculina lleva 78 años.

¿Cómo mejorar?

Al final del día, las herramientas de control y los castigos ya existen: hay mecanismos para sancionar, prohibir la inscripción de jugadores o quitar el reconocimiento deportivo a los clubes que incumplen sus obligaciones. Sucede que hay alternativas para darle la vuelta al asunto y no terminar en las consecuencias drásticas. El verdadero problema no es de normas, sino de la falta de responsabilidad de algunos directivos, quienes deben entender que un club no puede gastar más de lo que tiene. La solución empieza por un manejo administrativo serio, transparente y con los pies en la tierra por parte de cada institución.

Por supuesto, para garantizar mejores condiciones y desarrollo también se necesitan más recursos, y eso va de la mano con mejorar el producto. Si se quiere atraer más hinchas, marcas y patrocinios —especialmente en el fútbol femenino—, el nivel del espectáculo tiene que subir. La Dimayor debe estructurar torneos más competitivos que obliguen a los clubes a subir su nivel y a prepararse mejor para el plano internacional. Si el juego mejora, de la mano del Estado y el sector privado, la institucionalidad y desarrollo de los clubes puede progresar y crecer, y si el negocio crece, es más probable que las condiciones laborales de las y los futbolistas sean respetadas.