La salida de Brasil de Flávio Bolsonaro rumbo a Estados Unidos, tras perder las elecciones presidenciales del 25 de octubre frente a Luiz Lula da Silva, deja más preguntas que respuestas a varios sectores. Según Reuters, el senador habría abandonado el país pese a una orden de la Corte Suprema que le exigía entregar sus pasaportes. La investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la industria de apuestas, en la que niega irregularidades, está en el centro de la controversia.
Pero ¿Qué tiene que ver esta crisis con el fútbol brasileño? La respuesta está en el negocio de las apuestas deportivas, una industria que mueve miles de millones, financia patrocinios y se ha convirtió en un asunto electoral. Aunque algunas publicaciones hablan de cinco causas judiciales contra Flávio Bolsonaro, la información disponible en medios brasileños identifica al menos dos investigaciones recientes de especial relevancia: una relacionada con el financiamiento de una película sobre su padre y otra que examina sus presuntos vínculos financieros con el abogado Willer Tomaz y una casa de apuestas. Las pesquisas no constituyen una condena.
La problemática llegó a las urnas de esta manera: Lula endureció su posición frente a las apuestas y el 25 de septiembre firmó una medida provisional que prohibía las apuestas de cuota fija, tanto deportivas como de juegos en línea, además de su publicidad. La decisión llegó en plena campaña electoral, con el argumento de frenar el endeudamiento familiar y los problemas de adicción. Flávio Bolsonaro, por su parte, defendió una alternativa: cerrar los casinos virtuales, pero mantener las apuestas sobre partidos reales de fútbol, voleibol y tenis bajo control regulatorio.
La medida golpeó directamente al negocio del fútbol. Varios clubes brasileños se opusieron a la prohibición porque los contratos con empresas de apuestas representan una fuente importante de financiación. La industria respondió también desde los estadios: durante partidos del Brasileirão aparecieron mensajes de campaña contra la medida, como “Prohibir no es proteger”. De esta manera, las apuestas pasaron de ser solamente un asunto de regulación económica para convertirse en una disputa entre salud pública, intereses comerciales y poder político.
El dinero de las apuestas, patrocinios y la integridad deportiva
El problema no termina en los tribunales, ni en las campañas presidenciales. La expansión de las apuestas puede aumentar los riesgos de manipulación de resultados, corrupción y conflictos de interés cuando existen redes que intentan influir en deportistas, árbitros o funcionarios. También puede exponer a los atletas a presiones externas y amenazas relacionadas con las pérdidas de los apostadores. Sin embargo, una apuesta legal no implica por sí misma un delito. El riesgo aparece cuando fallan los controles, se ocultan transacciones o se intenta alterar una competición.
Al mismo tiempo, prohibir o restringir las apuestas supone un golpe financiero para clubes, ligas y medios de comunicación que reciben dinero de esta industria. En América Latina, las marcas de apuestas han ganado espacio en camisetas, transmisiones, vallas publicitarias y acuerdos comerciales. El fútbol colombiano es un ejemplo: BetPlay renovó en 2023 su patrocinio de las competiciones organizadas por la DIMAYOR hasta 2029. El dilema es evidente, el deporte necesita recursos, pero también debe proteger su credibilidad y evitar que la dependencia económica limite su capacidad de controlar a sus patrocinadores.
En Colombia, las apuestas por internet deben operar con autorización de Coljuegos, entidad que administra y vigila este mercado. En mayo de 2026, la institución informó que ya había 15 operadores autorizados, entre ellos BetPlay, Wplay, Betsson, Rushbet y Codere. Además de establecer requisitos legales y técnicos, el sistema busca combatir las plataformas ilegales y proteger a los usuarios. Por eso, antes de apostar, es importante comprobar que el operador figure en el registro oficial de Coljuegos.
Las cifras muestran el peso económico del sector. Entre enero y agosto de 2026, Coljuegos recaudó $977.220 millones destinados al régimen subsidiado de salud, un aumento del 39,38 % frente al mismo periodo de 2025. De ese total, $473.023 millones procedieron de las apuestas deportivas por internet, cuyo recaudo creció un 84,24 %, en parte por el Mundial de Fútbol. Pero el aporte económico no elimina el costo social potencial ya que el juego problemático puede provocar deudas, conflictos familiares y afectaciones a la salud mental. El reto para Colombia es fortalecer la prevención, la atención de las adicciones y la vigilania de la publicidad, sin confundir el mercado regulado con las redes ilegales.
¿Los clubes brasileños con Lula o Bolsonaro?
La oposición de varios equipos a la prohibición de las apuestas (Flamingo, Botafogo, Grêmio, Cruzeiro o Fluminense) no significa necesariamente que respalden electoralmente a Flávio Bolsonaro. Lo que han defendido públicamente es la continuidad de los contratos de patrocinio y la estabilidad financiera del fútbol. Por su parte, Lula ha justificado las restricciones como una respuesta al endeudamiento y a la adicción. La discusión muestra cómo una política pública puede enfrentar al Gobierno con sectores deportivos que dependen de los recursos privados.
El trasfondo es más amplio que una disputa entre dos candidaturas: ¿hasta qué punto el fútbol puede defender su independencia si una parte de sus ingresos depende de una industria que también necesita regulación? No hay evidencia suficiente para afirmar que los principales clubes brasileños respaldaran formalmente a una de las dos campañas como bloque. Lo que sí quedó expuesto es un conflicto de intereses entre financiación deportiva, salud pública y control político. Y mientras la justicia brasileña investiga los presuntos vínculos financieros de Flávio Bolsonaro, el deporte debe responder una pregunta incómoda: ¿Quién vigila a quienes financian el espectáculo y qué ocurre cuando el negocio amenaza con pesar más que el juego?
