La apropiación de los símbolos de identidad nacional con fines proselitistas representa una de las estrategias más agresivas y egocéntricas en la construcción del relato político contemporáneo, abriendo un debate profundo sobre los límites de la propaganda. El uso sistemático de la camiseta de la Selección Colombia por parte del candidato presidencial en las Elecciones presidenciales Abelardo de la Espriella y su movimiento “Defensores de la Patria” durante la actual contienda electoral y previo al Mundial 2026 generó una ola de rechazo social y cuestionamientos sobre el oportunismo político.
La indumentaria tricolor, históricamente consolidada como un elemento de cohesión cultural que trasciende las divisiones partidistas, fue empleada en plazas públicas y celebraciones de campaña, como la acontecida en el Malecón del Río de Barranquilla, buscando maquillar la pertenencia deportiva con una ideología particular y forzar una asimilación simbólica ante la ciudadanía.
Ante la creciente incomodidad ciudadana y las denuncias de sectores opuestos que alertaban sobre este uso indebido, las instituciones judiciales se vieron obligadas a intervenir para proteger las garantías constitucionales. El Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá emitió una medida provisional definitiva dentro de una acción de tutela, ordenando al candidato y a su partido abstenerse de manera inmediata de utilizar, exhibir o vincular los colores y emblemas de la Selección Colombia en su publicidad y actos proselitistas.
Esta resolución fundamenta la prohibición en la necesidad de resguardar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la garantía de elegir y ser elegido de forma libre, impidiendo que un ícono de unidad nacional sea instrumentalizado para fraccionar o atacar a los adversarios políticos. La misma Federación Colombiana de Fútbol ratificó el malestar social al manifestar públicamente que la contienda electoral no debe convertir al seleccionado en un elemento de confrontación política.
El fútbol como herramienta de estrategia política
Durante la Segunda Guerra Mundial, regímenes totalitarios de corte fascista en la Europa continental cooptaron banderas, himnos nacionales y disciplinas deportivas completas para inyectar narrativas de supremacía y adoctrinamiento masivo, transformando el orgullo identitario en una herramienta de exclusión del otro. En el marco del fútbol, eventos internacionales como los Mundiales o los torneos continentales han sido testigos de cómo los regímenes dictatoriales alteraron el uso cultural de los símbolos patrios con el fin de proyectar una falsa unanimidad social o justificar agendas segregacionistas, tergiversando la naturaleza original de los íconos de soberanía popular.
El trasfondo de esta controversia en el contexto colombiano adquiere un peso histórico particular debido a la prolongada lucha por desvincular el deporte rey de la violencia organizada y la ilegalidad. Durante la trágica década de los ochenta, el balompié nacional sufrió una profunda crisis cuando los clubes más representativos del país —tales como el Atlético Nacional o el América de Cali— se transformaron en armas institucionales y de lavado de activos manejadas por las mafias del narcotráfico.
El duro tránsito judicial de los equipos, marcados por dolorosos incidentes como su inclusión en la Lista Clinton y la pérdida de vidas humanas, costó décadas de depuración financiera y social para devolver el deporte a la legalidad y transformarlo poco a poco en un verdadero espacio de paz, tejido social y esparcimiento familiar.
Por lo tanto, la gran mayoría de los colombianos, como apasionados defensores de su cultura futbolística, rechazan que el fútbol vuelva a ser arrastrado hacia proyectos que promuevan la polarización radical, la división de clases o vertientes ideológicas asociadas al fascismo. El deporte rey en el país se ha erigido como un territorio neutral de reconciliación nacional donde personas de distintas procedencias geográficas y estratos económicos se unifican bajo un mismo color, libre de violencias políticas.
Permitir el secuestro simbólico de la indumentaria tricolor para una plataforma electoral no solo vulnera las reglas del juego democrático limpio, sino que lesiona el tejido cultural de una nación que ha pagado un precio muy alto para evitar que su mayor pasión sea utilizada como un estandarte de exclusión y discordia.
Para comprender mejor cómo la justicia colombiana abordó la instrumentalización del uniforme nacional en la contienda, puede resultar ilustrativo revisar la cobertura de los medios y las declaraciones del espectro político sobre esta sanción. Por ejemplo, en las redes circula el debate sobre el protagonismo de la camiseta de la selección y el pedido de pronunciamiento oficial, un fragmento de análisis que detalla los argumentos planteados sobre el uso proselitista de la indumentaria y las reacciones de los partidos involucrados.
