El Campín enfrenta un dilema que va más allá de una obra atrasada ¿APP sí o APP no?, ¿Qué usos puede tener el terreno y qué lugar debe ocupar el fútbol frente al negocio del entretenimiento? El proyecto acumula retrasos en su fase constructiva (que ya proyecta la entrega al 2028) controversias judiciales, cuestionamientos sobre los usos comerciales e inmobiliarios y una disputa de los herederos de Nemesio Camacho por la destinación deportiva y el nombre histórico del estadio.
El punto más inmediato es el cronograma. El Contrato de Concesión 2772 de 2024 y sus modificaciones establecían que las obras principales debían comenzar durante el primer semestre de 2026, para entregarlo en diciembre de 2027. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha firmado el acta de inicio de la fase de construcción, —aproximadamente dura 22 meses—; debido a que sigue pendiente la validación del Estudio de Tránsito y Transporte ante la Secretaría de Movilidad. Esto no significa que no haya habido trabajos preliminares, pero sí que la etapa constructiva de 671 días todavía no ha comenzado formalmente.
Uno de las controversias dentro del proyecto es qué significa transformar El Campín. El proyecto pasó de una propuesta de remodelación progresiva a la construcción de un nuevo estadio y contempla un complejo alrededor del escenario deportivo. Esa transformación plantea una pregunta fundamental para Bogotá: si el estadio nació asociado a una finalidad deportiva, ¿cuánto puede ampliarse la explotación económica del terreno sin alterar esa vocación?
“Lo más preocupante es que todo esto era previsible. Desde 2023 hemos advertido los serios cuestionamientos que rodean la estructuración de esta APP y hemos acompañado a la familia Camacho en sus denuncias sobre la destinación de los terrenos.” manifestó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez por medio de un hilo de Twitter.
El retraso es apenas la primera alarma
El hilo de Sánchez expone que el problema no es solamente que las máquinas todavía no hayan entrado plenamente en la fase constructiva. La discusión incluye también las modificaciones que ha experimentado el proyecto, los ajustes contractuales y financieros y el modelo mediante el cual un escenario históricamente administrado por el Distrito pasaría a formar parte de un complejo de explotación económica durante una concesión de largo plazo.
Por otro lado, está la dimensión económica del contrato. De acuerdo con cifras recogidas por El Espectador, bajo la administración anterior el IDRD recibía el 12,5 % de los ingresos por boletería, mientras ahora el contrato de concesión contempla para el Distrito un 1 % durante los primeros 15 años de los 29 de concesión. Desde el Concejo se ha cuestionado si esa estructura representa una contraprestación suficiente para Bogotá frente al potencial económico del complejo. La discusión, por tanto, no es solamente cuánto cuesta construir el estadio, sino quién captura los ingresos que producirá el nuevo negocio deportivo y de entretenimiento.
Ese componente adquiere mayor relevancia cuando se observa la extensión del proyecto. Diversas acciones y cuestionamientos ciudadanos sostienen que una parte mayoritaria del área quedaría vinculada a comercio, hotel y entretenimiento, mientras que el área estrictamente deportiva rondaría el 31 % del diseño mencionado en las controversias. El complejo contempla aproximadamente 167.000 metros cuadrados e incluye, además del estadio de 50.000 espectadores, espacios para la Orquesta Filarmónica, hotel, comercio, gastronomía, emprendimiento, servicios médicos, instalaciones deportivas y urbanismo.
La discusión sobre los usos no puede separarse de la historia jurídica del predio. Los herederos de Nemesio Camacho sostienen que la donación realizada en 1938 estuvo sometida a condiciones relacionadas con la destinación deportiva y con el nombre del escenario. Su demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pide que, si se determina que esas condiciones están siendo desconocidas, el proyecto sea adecuado para conservar el uso deportivo y el nombre Estadio Municipal Nemesio Camacho. También cuestiona los usos comerciales e inmobiliarios incluidos en el nuevo complejo.
La familia Camacho lleva la disputa por El Campín al Tribunal
El conflicto llegó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca después de que el 6 de agosto fracasara una audiencia de conciliación ante la Procuraduría entre los herederos de la familia Camacho, el Distrito, el IDRD y Sencia. El 20 de agosto los herederos presentaron una demanda de controversias contractuales en la que sostienen que el proyecto desconoce las condiciones bajo las cuales fueron donados los terrenos. Se trata de la interpretación de los demandantes y el alcance de sus pretensiones deberá ser definido por la jurisdicción administrativa.
La pretensión es particularmente relevante porque no se limita a pedir ajustes arquitectónicos. Según lo expuesto en el proceso, los herederos solicitan que se preserve la destinación deportiva del predio y el nombre de Estadio Municipal Nemesio Camacho, además de cuestionar los usos comerciales e inmobiliarios. Si esas condiciones no pudieran restablecerse dentro del proyecto, plantean como alternativa la resolución de la donación y restitución del inmueble o, en su defecto, el reconocimiento de un valor comercial calculado en $563.811 millones.
Hay, además, otros frentes judiciales y administrativos. El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá admitió en julio una acción popular que se encuentra en etapa probatoria y que incorpora documentos relacionados con el contrato, sus anexos técnicos y financieros, las escrituras de donación y actuaciones de organismos de control. En paralelo, se ha reportado una querella policiva por presuntas infracciones urbanísticas relacionadas con intervenciones en las canchas de tenis y El Campincito. Sánchez también informó sobre la incorporación de información de una noticia criminal relacionada con un presunto interés indebido en la contratación. Estos señalamientos están bajo las respectivas actuaciones y no constituyen por sí mismos una declaración judicial de responsabilidad.
Existe, además, un antecedente judicial que complejiza la disputa. Una decisión de noviembre de 2024 citada por El Espectador sostuvo que la condición de la donación se había cumplido con la existencia y funcionamiento del estadio y señaló que el proyecto no convertiría los bienes públicos en privados. La misma disposición indicó que la APP debía mantener operativas las áreas no intervenidas y garantizar la realización del fútbol profesional. La nueva demanda de los herederos introduce precisamente una controversia sobre cómo deben interpretarse esas condiciones frente al proyecto actualmente planteado.
Conciertos, fútbol y negocio: la otra tensión de El Campín
La experiencia de 2026 muestra por qué esta discusión no es solamente jurídica. En febrero, el mal estado de la gramilla obligó a Dimayor a aplazar tres partidos que involucraban a Millonarios, Santa Fe y Fortaleza. La entidad argumentó que las condiciones del terreno comprometían la integridad de los futbolistas y afectaban el calendario de competencia. En ese momento también reclamó que no tenía sentido recuperar la cancha para después someterla nuevamente a un concierto.
Esta presión llevó al Distrito y a Sencia a suspender los conciertos durante febrero y a trasladar un evento previsto para el 28 de ese mes al 28 de marzo, mientras se recuperaba el terreno. El episodio dejó expuesta una contradicción que el nuevo complejo deberá resolver: El Campín genera valor económico precisamente porque puede funcionar como escenario multieventos, pero el fútbol profesional necesita que esa explotación no termine deteriorando la infraestructura que utiliza para competir.
Por eso, los retrasos actuales no pueden leerse únicamente como un problema de ingeniería o movilidad. El nuevo Campín concentra una discusión sobre modelo de ciudad, patrimonio deportivo, negocio inmobiliario, explotación comercial y acceso al escenario para el fútbol. El Distrito sostiene que el proyecto continúa en preconstrucción y que el estudio de tránsito es el último trámite pendiente para comenzar formalmente la construcción; Sencia, por su parte, ha reportado avances en las obras preliminares y en los trámites requeridos.
¿APP sí o APP no para el futuro de El Campín?
La pregunta, entonces, vuelve al punto de partida: ¿APP sí o APP no?. Aunque sin perder toda la dimensión, ya que, lo que está en discusión es si el modelo escogido consigue compatibilizar una infraestructura deportiva histórica con una explotación económica de gran escala, sin desdibujar la destinación del terreno, sin desplazar la función del fútbol y respetando las condiciones jurídicas que actualmente están siendo discutidas ante los tribunales.
Mientras el acta de inicio continúa pendiente y la fecha de diciembre de 2027 pierde margen, Bogotá tiene simultáneamente un problema de cronograma y uno de definición sobre el futuro del predio. La disputa de la familia Camacho, los procesos administrativos, los cuestionamientos a los usos comerciales e inmobiliarios y los antecedentes de conflictos entre conciertos y fútbol obligan a mirar la APP como mucho más que una obra: como una decisión sobre quién administra, quién explota y para qué se utiliza uno de los principales patrimonios deportivos de la capital.
“El Campín no puede convertirse en otro ejemplo de cómo, al poner un bien público al servicio de un negocio privado, se termina arriesgando la legalidad, el patrimonio de la ciudad y el beneficio de todos los bogotanos y bogotanas.” agrega finalmente la concejala Sánchez.
