La entrega del nuevo estadio El Campín fue trasladada a diciembre de 2028, un año después de la fecha que se había anunciado inicialmente. El cambio destapa nuevamente los cuestionamientos sobre la planeación y supervisión de la APP, mientras la Administración Distrital de Carlos Fernando Galán sostiene que el proyecto avanzará con un nuevo diseño y una capacidad ampliada. La pregunta para Bogotá no es únicamente cuándo estará listo el estadio, sino por qué el cronograma original dejó de ser viable y qué responsabilidades corresponden al Distrito y cuáles al concesionario Sencia.
El contrato establece un plazo de 671 días calendario para construir y poner en operación el escenario, contados desde el acta de inicio de la fase constructiva. En el hilo que publicó el 16 de septiembre, la concejala Heidy Sánchez advirtió que, si los requisitos pendientes se resolvían durante ese mes, la obra podría estar terminada hacia mediados de 2028. La nueva fecha de diciembre supone un plazo adicional frente a ese cálculo y al compromiso inicial de diciembre de 2027.
El cambio también permite dimensionar el retraso administrativo. Hasta la fecha de septiembre siguen sin comenzar formalmente las obras principales, mientras el proyecto depende de completar trámites de movilidad y formalizar el inicio de construcción. Sánchez cuestionó que se negara la existencia de retrasos cuando el plazo contractual aún no había empezado a correr. La crítica desde el concejo apunta a una diferencia clave y es que los trabajos preliminares en el predio no equivalen al inicio formal de la etapa constructiva que activa los 671 días.
En su publicación, la concejala planteó una pregunta que la Administración y Sencia deben responder con información verificable: “¿Por qué no le dicen la verdad a la ciudadanía sobre cuáles son los verdaderos retrasos?” La inquietud cobra relevancia en una ciudad donde El Campín no es una obra más, es un escenario central para Millonarios, Santa Fe, el fútbol profesional y grandes espectáculos. La controversia sobre el cronograma también es una discusión sobre la transparencia con que se informa a los bogotanos acerca de un proyecto de alto impacto urbano y económico.
PowerChina, Sencia, el nuevo calendario y las explicaciones pendientes
La selección de la multinacional china PowerChina como contratista de construcción se conoció cuando el proyecto ya enfrentaba cuestionamientos por sus tiempos de ejecución. Según otros reportes periodísticos, Sencia habría escogido a la firma para asumir la obra bajo un esquema de ingeniería, adquisición y construcción. La proximidad entre ese anuncio y la nueva fecha de entrega alimentó las preguntas formuladas previamente, aunque por sí sola deja aún en incógnita si la incorporación de la compañía causó el aplazamiento.
La concejala del Pacto Histórico preguntó por qué la selección del constructor y el anuncio de un año adicional de plazo se produjeron prácticamente al mismo tiempo. El interrogante exige conocer cuándo se tomó la decisión, qué actividades debe asumir PowerChina, cuál es el cronograma actualizado y qué riesgos contractuales recaen sobre Sencia. También corresponde aclarar qué trámites siguen pendientes y cuáles ya fueron superados. Sin esa información, la ciudadanía recibe fechas nuevas, pero no una explicación integral de cómo se llegó a ellas.
La Administración ha defendido la continuidad del proyecto y ha explicado que fue necesario modificar su planteamiento para construir un nuevo estadio mientras el actual continúa funcionando. Sencia, por su parte, mantiene la responsabilidad de la concesión y de la operación del escenario. Sin embargo, la explicación sobre los ajustes técnicos no reemplaza la rendición de cuentas sobre los compromisos iniciales, los cambios de cronograma y los mecanismos de seguimiento del IDRD. La pregunta crítica continúa siendo qué controles se activan cuando una APP acumula demoras y sus fechas públicas deben modificarse.
El estadio sigue generando ingresos mientras Bogotá espera la nueva obra
Otro punto central de los cuestionamientos desde la corporación distrital es el aprovechamiento económico del estadio actual. Mientras la entrega del nuevo escenario se aplaza, Sencia continúa administrando y explotando económicamente El Campín mediante su programación de eventos. Por su parte, la concejala Sánchez criticó que los bogotanos deban esperar más tiempo por la infraestructura prometida mientras el concesionario mantiene los beneficios de operar el recinto existente. La discusión no implica que los ingresos actuales sean irregulares por sí mismos, sino que exige claridad sobre las obligaciones de inversión, los recursos generados y la relación entre esos ingresos y la ejecución de las nuevas obras.
La concejala dejó planteada una inquietud de fondo: “¿Será que están esperando a recolectar el dinero suficiente para que, con el mismo uso del espacio y con los recursos que genera El Campín, salgan adelante las nuevas obras mientras el privado no aporta absolutamente nada?” La raíz es una hipótesis y un cuestionamiento político, no obstante, la Alcaldía y Sencia deben explicar públicamente cómo se estructura la inversión, qué aportes y riesgos asume cada parte, qué ingresos obtiene el concesionario durante la operación y qué consecuencias contractuales existen por los retrasos.
El nuevo plazo de diciembre de 2028 convierte la discusión sobre El Campín en una prueba de transparencia y supervisión para la Administración distrital. No basta con presentar una fecha actualizada ni con anunciar un constructor: Bogotá necesita conocer el cronograma detallado, las razones documentadas del aplazamiento, las obligaciones de Sencia y la forma en que el IDRD vigila su cumplimiento. En un escenario que representa memoria deportiva, vida urbana y actividad económica, la ciudadanía tiene derecho a saber si el retraso responde a ajustes inevitables del proyecto o a fallas de planeación y control que debieron anticiparse.
