La novela de El Campín dejó de ser solo futbolística. La cancelación de Millonarios-Once Caldas, apenas minutos antes del inicio, puso bajo la lupa a Sencia y la situación sigue trascendiendo la contratación y la operación, pasando por el estado de la gramilla hasta la cuestión de la capacidad de esta empresa privada para administrar un escenario que debe garantizar el fútbol profesional. La salida facilista de ‘entapetar’ con pasto, tiene consecuencias de seguridad, pero también ambientales. El IDRD anunció la evaluación de incumplimientos y recordó que el contrato contempla descuentos por indicadores de calidad, multas e incluso una cláusula penal. Los hinchas de Millonarios no demoraron en manifestarse:

“Sentí una falta de respeto muy grande, se pudo avisar con tiempo (…) a Sencia no le exijo nada, porque al final es un privado, pero a la Alcaldía si le exigiría que se ponga los pantalones ante la empresa y haga respetar el fin para el que fueron donadas las tierras de todo la hacienda El Campín. Sencia se está lucrando de diferentes manera dentro del estadio y la Alcaldía debe exigir y garantizar como mínimo la salud de la grama” comenta Jorge Ruiz, hincha azul aficionado y abonado en tribuna Occidental.

El episodio resulta más sensible porque la concesión de Sencia no se limita a la operación cotidiana del estadio. La empresa administra, opera y mantiene El Campín dentro de una APP de 29,2 años que contempla la transformación del complejo deportivo y cultural ¿Quién responde y responderá cuando el principal escenario futbolístico de Bogotá no esté en condiciones de recibir un partido -que es en últimas- la principal función de un estadio? Carlos Fernando Galán, alcalde de turno, calificó las condiciones como “inaceptables” y, además, recordó que el fútbol tiene prevalencia sobre los espectáculos y que la empresa es responsable de la administración y mantenimiento del escenario.

Pero hay un elemento que se suma a esta pésima temporada para el estadio bogotano, la grama utilizada para recuperar El Campín provino de tres canchas del Parque La Florida, según información confirmada por el IDRD y explicada posteriormente por Equiver. La intervención comprende 20.180 metros cuadrados y fue autorizada mediante un permiso temporal para un denominado Laboratorio de Innovación. Equiver asegura que las canchas serán recuperadas y que la contraprestación, estimada en $444 millones, se realizará en especie y sin desembolso de recursos públicos.

De La Florida a El Campín, la problemática que no termina en un rollo de césped

Aunque el parque de La Florida, particularmente, no pertenece a un espacio público de Bogotá, sino a Cota, el IDRD señala que la extracción está autorizada dentro de un laboratorio de innovación, la situación actual exige conocer las condiciones del permiso, la autoridad que lo otorgó, las medidas de compensación y recuperación del área intervenida. Para Fidel Poveda, biólogo y edil de Engativá, trasladar césped no equivale simplemente a retirar una superficie verde y ponerla en otro lugar:

“La malla ambiental ha sido perturbada; trasladar implica alterar la comunidad de seres vivos; debería haber una justificación ecológica para hacer esta extracción o garantizar que el lugar no pierda agua de manera desaforada”, explica, al referirse a la biocenosis del estrato herbáceo y al horizonte orgánico del suelo. “Por otro lado, si lo valoramos en términos judiciales, sí se cometió una arbitrariedad e incluso podría plantearse un ecocidio en grado de tentativa al arrancar el pasto independientemente de que haya ido a parar a El Campín”.

El profesional y funcionario advierte además que el suelo de La Florida puede enfrentar un cambio abrupto al quedar “descapotado”, la exposición a radiación solar y oxígeno podría afectar su microbiota, mientras que el césped trasladado debe adaptarse a nuevas condiciones de humedad, drenaje, radiación y flujo de agua. Queda en deuda la respuesta a qué evaluación se hizo sobre la estructura, funcionalidad y composición biológica del suelo antes de intervenir las canchas.

La explicación institucional sostiene que las tres canchas intervenidas no tenían reservas ni asignaciones vigentes y que las ocho restantes de La Florida continuarían con su mantenimiento habitual. Sin embargo, Fidel amplía la conversación sobre el derecho ambiental y la responsabilidad del Distrito y agrega que “Ningún contrato tiene más valor normativo que el deber constitucional de proteger las riquezas naturales y la biodiversidad”. A esto suma que el Acuerdo Distrital 790 de 2020 reconoció la emergencia climática en Bogotá y cuestiona si las decisiones distritales son coherentes con ese marco.

¿Un parque público como laboratorio para solucionar una crisis del Campín?

El caso también obliga a mirar quién decide sobre el territorio. El IDRD sostiene que Equiver recibió un permiso temporal de uso para desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural y que el proyecto busca recuperar tres canchas. La autorización está prevista hasta el 1 de abril de 2027 y contempla que la empresa asuma las labores técnicas y devuelva los escenarios con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.

La controversia, por tanto, no consiste únicamente en determinar si “se llevaron pasto de La Florida al Campín”. La propia información disponible confirma la intervención y que Equiver produjo y extrajo rollos de césped que fueron utilizados en la renovación reciente de el estadio. Lo que requiere explicación pública es cómo se tomó la decisión, qué estudios ambientales la respaldaron, qué condiciones tenía originalmente el suelo, cómo se garantizará su recuperación y qué relación contractual existe entre el laboratorio, Equiver y la operación del estadio.

Fidel considera que la información debe llegar también a la población de Cota, donde se encuentra el Parque La Florida, y cuestiona que herramientas como el Observatorio Ambiental sean suficientes si la ciudadanía no cuenta con formación para comprender los procesos ecológicos involucrados. La situación deja así una cuestión incómoda sobre si un espacio público puede ser legítimamente utilizado para experimentar y producir una solución destinada a un escenario concesionado que genera ingresos privados, que de ninguna manera son retribuidos al distrito y, en este caso, tampoco a la zona metropolitana.

Sencia, fútbol y una cancha que se convirtió en asunto de ciudad

La dimensión deportiva es imposible de separar del problema ambiental. La DIMAYOR terminó cancelando Millonarios-Once Caldas después de comprobar que el césped no estaba debidamente adherido; Sencia sostuvo, en cambio, que la cancha cumplía técnicamente con los parámetros y calificó la decisión como subjetiva. Esa diferencia entre el operador y el organismo encargado de la competencia revela la gravedad del episodio. Mientras uno defendía la posibilidad de jugar, el otro priorizó evitar un riesgo para los futbolistas.

“La cuestión que (el estadio) sea usado como escenario musical no es porque a Sencia le guste la cultura o promoverla, es porque es más lucrativo – El Campín es un escenario público de todos y todas las habitantes de Bogotá y la Alcaldía debe priorizar el deporte (…) tampoco hay un solo ladrillo puesto para el nuevo estadio, entonces será otra mentira de Sencia así como lo es la gramilla actual” agrega Sebastián Forero, hincha ferviente y abonado de Santa Fe, quién también se encuentra afectado por la situación.

Ahora el IDRD deberá establecer si hubo incumplimiento y qué consecuencias contractuales corresponden, sin embargo, el problema sigue trascendiendo una eventual multa. El Campín es un escenario deportivo, un activo económico y un espacio público sometido a una concesión; La Florida es otro espacio deportivo público cuya cobertura vegetal terminó conectada con la recuperación del estadio. Si el Distrito pretende defender que el fútbol es prioritario, como afirmó su propio instituto, también deberá demostrar que esa prioridad no se consigue trasladando silenciosamente los costos ambientales y territoriales de una infraestructura a otra.

La crisis de la grama deja, finalmente, una pregunta que Bogotá todavía debe responder ¿Quién está pagando realmente el precio de mantener a El Campín funcionando como escenario de fútbol y de grandes espectáculos? El tema ya no es solamente si Sencia cumplió o incumplió con una cancha. Es si el modelo de administración del estadio consigue equilibrar seguridad deportiva, explotación económica, protección ambiental y responsabilidad pública. Y en esa ecuación, el césped de La Florida puede terminar siendo mucho más que una solución técnica: puede convertirse en el símbolo de cómo una ciudad decide utilizar sus espacios deportivos y sus recursos naturales.